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“Si no hubiese tanta arma, no habría tanto muerto”

Jessica García



Las víctimas de la guerra

“Si no hubiese tanta arma, no habría tanto muerto”, dice una mujer víctima del conflicto armado colombiano en uno de los espacios de Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria. Si las armas solamente han generado muerte y dolor, si solamente dejan silencio, ausencia y vacío, ¿Cuál es la razón para seguir militarizando territorios cuando eso no garantiza la vida y permanencia de las comunidades en ellos? ¿Cuál es la razón para seguir invirtiendo en armas cuando está claro que la mayoría de las víctimas del conflicto armado colombiano han sido y siguen siendo civiles? ¿Quién se beneficia de la guerra?


Colombia lleva más de seis décadas de conflicto armado interno, donde todos los actores armados, tanto legales como ilegales, han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos y donde como se dijo anteriormente, la mayoría de las víctimas fueron civiles, el 90 por ciento según el Informe Final de la Comisión de la Verdad. En este conflicto armado interno, Estados Unidos tiene una responsabilidad importante, como la tiene en gran parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en América Latina durante las dictaduras militares, y como lo indica el informe presentado por FOR Peace Presence, SOA Watch y SICSAL ante la Comisión de la Verdad.


Estados Unidos y los “beneficios” de la guerra


El año pasado Amnistía Internacional solicitó al Gobierno de los Estados Unidos que dejara de proveer de armas a Colombia, pues se probó que gran parte de las armas utilizadas en la represión del Paro Nacional provenían de la empresa estadounidense Combined Systems. Cabe recordar que el negocio de la guerra sigue siendo una de las principales industrias de este país. Solo entre 2017 y 2021, Estados Unidos exportó el 39 por ciento del total de exportaciones de armas a nivel mundial.


Sin embargo, Estados Unidos no solo provee de armas a Colombia, sino que también entrena a sus fuerzas armadas, como lo ha hecho por años en América Latina. De acuerdo a un informe de Security Assistance Monitor, Colombia es el país que más entrenamientos ha recibido entre 2000 y 2020 por parte de los Estados Unidos. Asimismo, Colombia ha sido el mayor beneficiario de la ayuda estadounidense al sector de la seguridad en el hemisferio occidental. Solo entre 2010 y 2020, Colombia recibió 2.970 millones de dólares en ayuda al sector de la seguridad (SSA) de Estados Unidos, bajo el argumento del apoyo a la campaña antidroga del gobierno colombiano y en su guerra contra los movimientos guerrilleros.


Este año Colombia fue reconocido con el estatus del aliado estratégico no miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), como otrora lo fuera Argentina en su momento de “relaciones carnales” con la potencia del norte. Así el expresidente Duque afirmó que este estatus le permitirá a Colombia “tener acceso privilegiado a temas comerciales y económicos, pero, sobre todo, también en temas de seguridad”.


Colombia, potencia mundial de la vida: ¿un peligro para el negocio de la guerra?


En este contexto de fortalecimiento de la relación con Estados Unidos, donde Colombia ha recibido el mayor presupuesto para Colombia de la década (471,3 millones de dólares), de los cuales 40 millones están destinados a las Fuerzas Armadas, además de su designación como aliado no OTAN, llega a la presidencia una coalición de centroizquierda encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez. El nuevo presidente ha prometido convertir a Colombia en potencia mundial de la vida y fortalecer la integración regional, lo cual siempre ha sido resistido por los Estados Unidos. Sin embargo, Petro mencionó que en su primera conversación telefónica con el presidente Biden, este último ha dicho que trabajarán por “una relación 'más igualitaria' en provecho de los dos pueblos". Ante esta afirmación, una gran pregunta surge, ¿será posible?


De acuerdo a Isacson, “EE.UU. temeroso de perder acceso y espacio frente a las grandes potencias con las que compite en la región, podría establecer (como hizo durante la Guerra Fría) grandes programas de asistencia en seguridad mientras ignora o resta importancia a los abusos de los derechos humanos y los avances autoritarios”. Si hasta el momento esto es lo que ha sucedido en Colombia, lo cual ha quedado demostrado con el giro de fondos enviados este año a Colombia, aún después de las numerosas denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos por las presuntas violaciones cometidas por la fuerza pública durante la represión del paro nacional de 2021, cabe preguntarse cómo seguirá esta relación bilateral con el nuevo gobierno.


Ya sectores de la derecha estadounidense han dejado claro que están preocupadxs por la “democracia” en Colombia. Asimismo, el senador Ted Cruz anunció que presentará un proyecto de ley que “condicionará toda nuestra ayuda basada en el camino que Petro elija seguir. Si Petro corta la coordinación en defensa con los Estados Unidos, la ley asegurará que no haya más dinero para seguridad en Colombia. Si frena la cooperación en tráfico de drogas, no habrá más dinero para la lucha antinarcóticos”.


Cabe preguntarse si, efectivamente, el nuevo Gobierno del Pacto Histórico podrá reducir la militarización del territorio colombiano y cumplir con su promesa de campaña: convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Si en más de 100 años Estados Unidos no ha dudado en intervenir en asuntos internos de sus vecinos para mantener el control de su “patio trasero”, no hay ninguna razón que nos habilite a pensar lo contrario, especialmente ahora que su hegemonía en la región está en disputa con otras potencias. Si la paz nunca ha sido un buen negocio para nuestro vecino del norte, ¿por qué lo sería ahora?


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