Represión del ESMAD Protestas Sociales Colombia
por Bárbara Orozco Díaz
El pasado 25 de enero el presidente de la República de Colombia Iván Duque, sancionó la muy cuestionada Ley de Seguridad Ciudadana 2197 de 2022. Organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de la oposición, han interpuesto demanda contra 13 de los artículos que contiene ante la Corte Constitucional y afirman que criminaliza la protesta social.
El pasado 8 de febrero, en los Diálogos de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos, la subsecretaria para Asuntos Políticos de Estados Unidos Victoria Nuland, anunció una financiación de 8 millones de dólares a la Policía Nacional de Colombia valorando la relación de alianza para el trabajo en conjunto en seguridad y derechos humanos.
Estados Unidos desempeña un papel fundamental en la financiación y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Colombia y ha sido tal el éxito que, en los últimos años, Colombia se ha convertido en instructor en otros países, particularmente en Centroamérica.
Durante décadas, Estados Unidos ha desempeñado este papel sin importar el partido político en el poder. En los años 60, Estados Unidos comenzó a entrenar formalmente a las fuerzas armadas colombianas en la guerra de contrainsurgencia. Los manuales de contrainsurgencia estadounidenses establecían que “los civiles en el área de operaciones” como sindicalistas, estudiantes y líderes comunitarios podían ser objeto de "guerra de guerrillas, propaganda, subversión, [... y] actividades terroristas". Desde 1999, el Plan Colombia se ha implementado y ampliado bajo los presidentes Clinton, Obama y Trump, con un coste que supera los 10.000 millones de dólares. Aunque el Plan afirma que su propósito principal es luchar contra el narcotráfico como parte de la Guerra contra las Drogas, así como apoyar el fin del conflicto interno del país, ambos retos para la paz en Colombia se han intensificado durante su ejecución. Antes de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, el "Plan Paz" se estableció entonces como una política más de la Guerra contra las Drogas entre Estados Unidos y Colombia. Colombia es uno de los países que más ayuda militar recibe de Estados Unidos, es uno de los principales compradores de armas estadounidenses y mantiene uno de los acuerdos militares y de inteligencia más antiguos con Estados Unidos.
En la actualidad, un promedio de 500 integrantes de las Fuerzas de Seguridad colombianas, anualmente, reciben entrenamiento en Western Hemisphere Institute for Security Cooperation - WHINSEC - ( anteriormente llamado Escuela de las Américas - SOA -), en Fort Benning, EEUU, o en la misma Colombia donde viajan instructores estadounidenses. El presupuesto 2022 de defensa para Colombia aprobado en la Administración Biden se ha incrementado un 8% con respecto al año anterior, alcanzando $453 millones.
El gobierno de Iván Duque llegó al poder el 7 de agosto de 2018, casi un año y medio después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla FARC-EP en 2016 y el comienzo en 2017, del proceso de negociación de paz con la otra guerrilla más activa en el país, el ELN.
A un mes de llegar al poder, el gobierno electo anuncia que suspende los diálogos del proceso de paz con el ELN y al terminar el año, la Defensoría del Pueblo señala que “el conflicto persiste” y se agudizaría en los años subsiguientes. La medida estatal ha sido la militarización del país y el uso de la erradicación forzada, manual y con glifosato para la sustitución de cultivos ilícitos, incumpliendo así los Acuerdos de Paz de 2016.
Históricamente en Colombia, las desigualdades sociales y económicas se han visto especialmente intensificadas y agudizadas por el conflicto armado y las diferentes formas de violencia sistemática llevadas a cabo por grupos paramilitares y promovidas por élites locales, regionales y nacionales, con el fin primordial de mantener sus privilegios y beneficios en una democracia privatizada.
El 21 de noviembre de 2019, la mayoría de la sociedad colombiana, deseosa de paz y desarrollo económico y social se declara INDEFINIDAMENTE en PARO NACIONAL, convocando a una marcha en contra del denominado “Paquetazo de Duque” (políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno), el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y el asesinato de líderes sociales.
El 21N se produjo una marcha multitudinaria y diversa comenzando un movimiento de protesta social sin precedentes en la historia reciente del país. Desde ese histórico día, se sucedieron una serie de manifestaciones, marchas, caceroladas y plantones hasta febrero de 2020 que fueron suspendidas por la pandemia covid-19.
El Paro Nacional se retomó en 2021 tras el anuncio de la “Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno”. Estas reformas neoliberales impactarían en los más pobres, los jóvenes, las mujeres, las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, y a otros sectores sociales marginados. Ese año, el Banco Mundial afirmaba que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y el 2º más desigual en Latinoamérica.
Casi dos meses de movilizaciones y bloqueos entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en el que la represión del Estado, particularmente en Cali, ha sido desmesurada y nefasta, hasta el extremo de militarizar las ciudades mediante Decreto 575 de 28 de mayo de 2022 que ordena a alcaldes y gobernadores levantar los bloqueos con el apoyo del Ejército, amparados bajo la figura de la "asistencia militar”.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, agencias ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han venido denunciado las múltiples violaciones de derechos humanos por parte de la Policía Nacional, particularmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), contra la sociedad civil. Han solicitado y recomendado al Gobierno Colombiano, entre otras medidas, la reforma completa de los protocolos del ESMAD.
El Congresista Estadounidense Gregory Meeks, alarmado ante la brutal represión por la policía y el ESMAD, solicitó que se aplicará la Ley Leahy y la Congresista Alexandra Ocasio-Ortiz presentó tres enmiendas, una de ellas buscaba limitar los recursos para ser invertidos en el ESMAD. No fue tomada en cuenta al aprobar los presupuestos de defensa 2022 para Colombia.
Colombia está en proceso de elecciones generales, el próximo 13 de marzo se votará a los representantes de la Cámara y el 29 de mayo, se votará en primera vuelta al presidente. El Comité Nacional del Paro suspendió las movilizaciones que tenía previstas para el 3 de marzo porque “no hay garantías para la movilización en Colombia por parte del Gobierno Nacional”.
El actual director de Seguridad Ciudadana y responsable del ESMAD en Colombia, el Mayor General Luis Vargas Valencia, fue instructor en la “School of Americas” (SOA) en 1995 y luego, en Abril 2019, fue el orador invitado para la ceremonia de graduación de WHINSEC.
Sólo en las protestas sociales celebradas entre abril y junio de 2021, se registraron un total de 7620 agresiones: 89 homicidios, 1929 personas heridas, 106 denuncias por violencias basadas en género (23 de ellas por violencia sexual), 343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, 3546 detenciones arbitrarias e ilegales a manifestantes, 1636 denuncias por abuso de poder y violencia policial (446 por el ESMAD, 523 por la Policía Nacional, 66 por el Ejército Nacional, 601 no identificadas todavía).
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