Por Jessica García
El pasado 9 de abril, como parte Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz, tuvimos la posibilidad de recorrer las comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima (San Isidro, Trojita, Las Colonias, Ceibito, Guadual, Las Brisas, La Esperanza, Villa Estela, La Estrella, El Crucero), en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca). Allí pudimos ver y sentir el silencio estremecedor en las comunidades, hoy vacías, como consecuencia del desplazamiento forzado que desangra lentamente al territorio del Bajo Calima frente a la mirada indiferente del Estado.
Visita a El Ceibito: la comunidad que vivía allí ha sido completamente desplazada
Desde noviembre de 2021, al menos tres comunidades negras (Ceibito, La Esperanza y Guadual) y una comunidad indígena (Santa Rosa de Guayacán) de la Cuenca Baja del río Calima han sido completamente desplazadas de su territorio. A ello se le suma, el desplazamiento de una parte de las comunidades de Las Colonias y San Isidro y el riesgo inminente de nuevas salidas forzadas del territorio ante la continuidad de los enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la falta total de respuesta de las instituciones estatales colombianas.
Visita a Las Colonias: grafitis de los grupos armados presentes en la zona
Lamentablemente, estos desplazamientos forzados forman parte de una dinámica histórica en Colombia, donde la expulsión de la población de sus territorios mediante diferentes estrategias de terror no ha cesado, sino que en los últimos años se han intensificado. Tal es la situación que de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y noviembre de 2021, al menos 72.300 personas fueron forzadas a desplazarse en 159 emergencias masivas, lo cual representa un incremento del 196 por ciento en el número de personas desplazadas en comparación con el mismo periodo de 2020, siendo los departamentos que componen la región Pacífico lo más afectados.
En el caso de las comunidades del Bajo Calima, no es la primera vez que se ven forzados a dejar el territorio para proteger sus vidas. Algunas de las familias actualmente desplazadas se han visto, al menos una o dos veces, forzadas a dejar sus tierras para salvar sus vidas en años anteriores. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, este es el segundo desplazamiento forzado masivo en esta región. Sin embargo, ya ha habido otros momentos en que las comunidades han tenido que abandonar su territorio para salvaguardar su derecho a la vida. Cabe recordar que, a finales de 2020, Colombia siguió reportando el número más alto de personas desplazadas internas con un total de 8,3 millones de personas, de acuerdo al ACNUR.
Recorrido por el río Calima: vista de la comunidad vacía El Guadual debido al desplazamiento forzado
Si bien las comunidades del Bajo Calima, junto a las comunidades rurales de la zona del río San Juan, han sido las más afectadas por el desplazamiento forzado en estos últimos meses, otras comunidades rurales de la región, como Yurumanguí, Cajambre y Raposo, se han visto afectadas sino por el desplazamiento forzado, por el confinamiento debido a la confrontación armada entre los grupos armados presentes en la región.
En este punto, cabe preguntarse cuál es la razón de los desplazamientos forzados constantes en la zona rural de Buenaventura y la falta de medidas preventivas por parte del Estado.
A finales de 2021, al mismo tiempo que comenzaban las salidas forzadas del territorio, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) alertó que la zona rural de Buenaventura experimentaba un nuevo proceso de reconfiguración de las disputas entre los actores armados ilegales, en varios casos provenientes del Cauca y el Chocó, departamentos limítrofes donde las llamadas disidencias o grupos armados posFarc, las AGC y el ELN sostenían enfrentamientos a muerte por el control territorial y comunitario, las economías de la guerra y las rutas hacia el mar Pacífico. Sin embargo, no hubo ningún tipo de acción preventiva para garantizar la permanencia de las comunidades en su territorio.
Buenaventura por su ubicación geográfica estratégica y la capacidad de la industria marítima para mover mercancías juega un rol central en la disputa territorial. En 2020, un informe de PARES, da cuenta de la relación entre la violencia creciente en el Pacífico y el tráfico de cocaína, la cual no ha cesado sino todo lo contrario, ha ido empeorando. Cocaína que sigue teniendo como destino principal los Estados Unidos, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC).
Justamente la disputa por el control territorial por parte de los grupos armados presentes en el territorio es la causa visible de la expulsión de la población local. Sin embargo, ¿Cuál es la razón por la cual se intenta despojar a las comunidades negras e indígenas de sus territorios colectivos? ¿Qué implica tener el control de ese territorio vacío de comunidad? ¿Es el tráfico de cocaína la única causa detrás de los intentos de despojo?
No podemos responder a estas preguntas, pero lo que sí es evidente es el despojo territorial al que se intenta someter a las comunidades indígenas y negras de la zona rural de Buenaventura, así como la resistencia frente a estas acciones. Tanto las comunidades del Bajo Calima, como de las comunidades antes mencionadas, siguen luchando por su permanencia en el territorio y seguirán haciéndolo como lo han hecho históricamente, frente a la mirada indolente del Estado colombiano.