A un año del inicio del histórico Paro Nacional en Colombia, se constituyó un Tribunal Popular en Siloé, Comuna 20 de Cali. Ante ante la impunidad estatal, justicia popular.
Por Jessica García
Fotografías: Bárbara Orozco Díaz
El pasado 28 de abril se cumplió el primer aniversario del Paro Nacional en Colombia, una protesta histórica que se extendió a lo largo de todo el país y por un período de tres meses, resultado del hartazgo de un pueblo frente a un Estado indolente ante la inequidad estructural de este país y la persecución constante contra quienes osan defender derechos.
Este Estado indolente y represor se cobró la vida de decenas de personas. De acuerdo con Indepaz, 83 personas fueron asesinadas en el país, 44 de las cuales fueron presuntamente víctimas de la fuerza pública colombiana. De estos 44 asesinatos, 25 se produjeron en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). A un año de la represión, estos casos siguen en la impunidad.
Sin embargo, ante la impunidad estatal, y de acuerdo a la lucha que históricamente ha liderado la sociedad civil colombiana, organizaciones de base con el acompañamiento de organizaciones internacionales decidieron impulsar un Tribunal Popular en Siloé, barrio de la Comuna 20 de Cali, donde 12 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas y otras tantas fueron heridas. Asimismo, se reportó al menos un caso de tortura por parte de la fuerza pública y una desaparición forzada.
Este 3 de mayo, se realizó la audiencia de instalación del Tribunal Popular de imputación de cargos, el cual tiene como objetivo, ante la impunidad estatal: “demostrar la sistematicidad y permanencia del Estado como violador de los derechos humanos; esclarecer los hechos ocurridos y reivindicar la memoria y dignidad de las víctimas, sus familiares, organizaciones y comunidades; conmemorar y construir memoria para que nunca más se repitan este tipo de crímenes; y acompañar solidariamente las distintas formas de resistencia y lucha que los vecindarios de la ladera mantienen en favor de la vida”.
Este día, se escuchó el testimonio de los familiares de las víctimas. Su lucha constante por la justicia en medio del dolor de la pérdida, su resistencia para mantenerse en pie y mantener en pie a lxs hijxs de sus hijos asesinados y su resistencia frente al miedo generado por las amenazas sufridas por el solo hecho de buscar justicia. Como dijo la hermana de una de las víctimas, “estamos aquí a pesar de las agresiones” y queremos justicia “no pañitos tibios”.
Si bien las sentencias de los Tribunales Populares no tienen efectos jurídicos vinculantes, sí ponen de manifiesto la ausencia de justicia o, mejor dicho, la constante impunidad en la que actúan, en este caso, las fuerzas represoras del Estado colombiano contra la protesta social, un derecho legítimo de los pueblos, ante la cual el único deber del Estado es garantizar el ejercicio de ese derecho y no su represión.
El caso de Siloé, lamentablemente, es solo uno de los tantos casos de actuación impune de la fuerza policial. Como bien dijeron los familiares de las víctimas durante la conferencia de prensa, debería constituirse un tribunal popular en cada rincón de Colombia para investigar y juzgar la actuación de las fuerzas represoras ante el pueblo colombiano. Fuerzas que han contado con el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos, que este año aprobó el paquete de recursos destinados a Colombia más alto en la última década y que incluye 40 millones de dólares solo para las fuerzas armadas, las mismas fuerzas que fueron desplegadas en la ciudad de Cali en el marco del paro nacional bajo la figura excepcional de la “Asistencia Militar” y que fueron uno de lxs responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dicho proceso de protesta social.
Sin embargo, así como el gobierno colombiano cuenta con el apoyo no solo político sino económico de la potencia hegemónica, la sociedad civil colombiana cuenta con la solidaridad internacional de los pueblos. Justamente, este tribunal popular es un ejemplo de dicha solidaridad, pues el jurado está compuesto por referentes académicos y defensores de derechos humanos con reconocimiento internacional proveniente de Europa y de nuestra América. Una muestra de que a pesar de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a pesar del miedo, a pesar de la historia de represión, el pueblo seguirá organizándose y si no hay justicia estatal, habrá justicia popular.
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