Jessica García
Algunxs dirán que el Plan Colombia es cosa del pasado, pero no es así, no para las víctimas de agresiones sexuales cometidas por militares estadounidenses contra mujeres y niñas colombianas. La impunidad nunca puede ser cosa del pasado.
15 años de resistencia frente a la impunidad
“Aquí estoy y aquí me quedo”, dice Olga Lucía Castillo Campo frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Allí, al lado de varias pancartas exigiendo justicia para su hija y su familia, lleva más de un mes acampando. Pero su lucha no comenzó hace un mes, Olga lleva 15 años reclamando que se juzgue a los responsables de la violación de su hija, quien en 2007 tenía solamente 12 años, en la base militar de Melgar (Tolima, Colombia).
Los responsables son dos ciudadanos estadounidenses, Michael J. Coen y César Ruiz, ambos al servicio del Plan Colombia en dicha base militar. El primero, para ese momento sargento activo del Ejército de los Estados Unidos, y el segundo, un militar retirado de ese país y para el 2007 contratista del Plan Colombia.
Los derechos humanos de esta niña y su familia han seguido siendo violentados no solo por los miembros de las fuerzas militares estadounidenses, sino también por el Estado, tanto el colombiano como el estadounidense, pues en 15 años no han tenido acceso a la justicia sino sólo persecución y una falta absoluta de protección y acompañamiento.
Cuando le preguntamos a Olga sobre cuáles han sido las consecuencias para ella y su familia, lo primero que menciona son las afectaciones psicológicas para su hija, su nieta, su hermana, su madre, para ella misma. Su familia ha sido totalmente destruida, desde el momento en que su hija fue violada y ella decidió salir a exigir justicia. “Yo no tengo vida, no tengo calma. Yo pienso quién me va a ayudar jurídicamente, pero nadie me ayuda jurídicamente. Solamente he tenido rechazo”. Sin embargo, las afectaciones no han sido solo sobre la salud mental de toda su familia. Olga ha sufrido cuatro atentados contra su vida y siete desplazamientos forzados. Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos de silenciarla, hoy se encuentra frente a la Embajada de los Estados Unidos exigiendo lo mismo que ha exigido por 15 años, justicia.
El Plan Colombia y la impunidad como regla
Lamentablemente, el caso de Jessica no es un caso aislado ni en Colombia ni en el mundo. Estados Unidos lleva años firmando acuerdos de inmunidad para que sus tropas puedan cometer cualquier tipo de crímenes alrededor del mundo en total impunidad.
En 1962, Estados Unidos y Colombia firmaron el Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, en el cual se establece entre otras cuestiones, que “El Gobierno de Colombia recibirá una misión especial y su personal para desempeñar los deberes del Gobierno de los Estados Unidos de América conforme al presente Convenio y considerará a dicha misión especial y a su personal como parte de la Misión Diplomática del Gobierno de los Estados Unidos de América en Colombia, con el fin de concederles los privilegios e inmunidades que se conceden a esa Misión y a su personal de igual rango”.
En 1999, Estados Unidos y Colombia firman un nuevo acuerdo, el Plan Colombia, a través del cual la potencia del norte le brinda asistencia económica y bélica a Colombia bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, lo cual implica la llegada de numerosas tropas estadounidenses al país.
Para proteger a su personal de cualquier tipo de sanción por los crímenes que pudiesen cometer en este territorio, y en el marco de la campaña de presión realizada por Estados Unidos a fin de evitar que la Corte Penal Internacional pudiese juzgar a nacionales estadounidenses que cometiesen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio en territorio de otro país, en 2003 se firmó otro acuerdo de impunidad entre Estados Unidos y Colombia. Mediante dicho acuerdo se establece que: “Una persona de los Estados Unidos de América, el Estado que Envía, no será, salvo con el consentimiento expreso de los Estados Unidos de América: a) entregada ni trasladada de ninguna manera a la Corte Penal Internacional para ningún propósito, ni b) entregada ni trasladada de ninguna manera a ninguna entidad o tercer país, ni expulsada a un tercer país con el propósito de entregarla o trasladarla a la Corte Penal Internacional”.
Este es el marco legal que permite que funcionarios o contratistas estadounidenses puedan cometer cualquier tipo de crímenes en Colombia y quedar completamente en la impunidad. Si bien dicha impunidad, que ha caracterizado a la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometida por militares y mercenarios estadounidenses alrededor del mundo no sorprende, no deja de indignarnos.
La búsqueda incansable de justicia frente a la impunidad
Ya han pasado 15 años desde que la vida de una niña de 12 años y su familia cambiaron para siempre como consecuencia de la militarización del territorio y la violencia que ella acarrea.
En 2009 el entonces senador y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, intentó visibilizar el caso en el Congreso de la Nación cuando se discutía la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano a fin de mostrar los riesgos que implicaba la permanencia de más militares de los Estados Unidos en Colombia en completa impunidad.
En 2015, en el marco de la instalación de la mesa de diálogos con las entonces FARC – EP en Cuba, se presentó un informe elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. En dicho informe, que tenía como objetivo ser un “insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”, se incluye un capítulo sobre la injerencia de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. En este capítulo se hace referencia a 53 abusos sexuales cometidos por militares estadounidenses contra niñas colombianas que aún se encuentran en la impunidad, entre ellos el caso mencionado en este artículo.
Sin embargo, 15 años después, y a pesar de la visibilización que adquirió en este período, el caso de Jessica continúa en la impunidad, los responsables libres y las víctimas en una situación constante de vulnerabilidad y persecución por el solo hecho de exigir justicia.
Justicia, solo justicia
¿Qué exige Olga? Solamente justicia y reparación para su hija que hoy ya tiene 27 años, pero quien sigue padeciendo las afectaciones de la violencia sexual sufrida hace 15 años.
Actualmente, Olga sufre un cáncer de seno que la deja con mucho dolor, pero no por eso con menos resistencia, porque como bien ella dice: “estoy luchando por mi vida y por la vida de ella” (su hija). “Quiero justicia, que ella tenga paz con ella misma. Por mí, yo ya viví lo que tenía que vivir, pero ella… Ella a mí me duele, ella es joven…”.
Desde el Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz nos solidarizamos con el reclamo de justicia y solicitamos que se escuche la voz de las mujeres víctimas de la violencia sexual ejercida por militares de los Estados Unidos que continúan cometiendo crímenes alrededor del mundo en completa impunidad.
Olga seguirá luchando aunque el cuerpo y el alma duelan, seguirá clamando por justicia aunque le cueste la vida.